El crimen de Érika Antonella Álvarez está atravesado por la droga. La víctima, doblemente vulnerable por sus adicciones, se movía en un “ambiente pesado”, donde una traición o saber más de la cuenta se paga con la vida. Si bien ya fue procesado Felipe “El Militar” Sosa como presunto autor del hecho, aún queda mucho por investigar, especialmente la línea narco que surgió en la causa.

En los últimos tiempos se registraron en la provincia varios homicidios vinculados al tráfico y la comercialización de drogas (se informa por separado). “A ella la mataron porque la querían callar”, es la frase que más repitieron en los últimos días sus familiares. Varios testigos que declararon en la causa la vincularon con un tal “Carlos” o “El Paraguayo”, que sería narcotraficante, y con Sosa, a quien señalaron como proveedor del éxtasis que se vende en fiestas electrónicas.

Las personas no sólo aportaron esos datos, sino que también dejaron en claro que sentían terror. “Ese es uno de los problemas con los que nos enfrentamos en estos casos: los testigos temen represalias”, sostuvo un pesquisa. Esa barrera que impone el miedo podría ser superada con el uso de tecnología, pero en Tucumán todo se vuelve más lento por la falta de ese tipo de herramientas. Por ejemplo, conocer el resultado de una comparación genética puede demorar hasta 30 días.

En cualquier investigación compleja, la información que surge de un teléfono celular termina siendo clave. Para acceder a esos datos, un fiscal debe solicitar una autorización a un juez, quien enviará un oficio a la compañía prestadora del servicio. Ese pedido llega a los departamentos legales de las empresas, que, en caso de aceptar lo requerido, brindan la información 72 horas después de iniciado el trámite. Existe un sistema para extraer datos de los dispositivos, pero su análisis puede extenderse durante semanas e incluso meses.

Las escuchas telefónicas tampoco se realizan en tiempo real. Por orden judicial, las conversaciones se graban y luego son entregadas en dispositivos de almacenamiento para su análisis. “A veces estamos tras los pasos de una banda que transporta drogas. Podemos enterarnos del envío de una carga 24 horas después de que iniciaron el viaje”, indicó un integrante de una fuerza federal.

Opiniones

“Las investigaciones de los crímenes narcos, como tantos otros que derivan directamente de la industria del delito, no llegan a buen puerto”, sostuvo Patricio Char, penalista con un máster en política criminal. “La razón es que existe una actividad delictiva previa que debe ser investigada y combatida”, añadió.

Su colega Aníbal Paz señaló: “Los delitos vinculados al narcotráfico presentan una complejidad estructural mucho mayor para su investigación. Son organizaciones que manejan recursos económicos importantes, redes de protección, mecanismos de encubrimiento, tercerización de la violencia y estructuras diseñadas específicamente para dificultar la trazabilidad penal. Todo eso hace que su esclarecimiento sea objetivamente más difícil que en delitos comunes”.

“El problema no está en las personas, sino en las condiciones en las que deben trabajar”, sostuvo el abogado Javier Lobo Aragón (h). “Muchas veces faltan herramientas de inteligencia criminal, tecnología adecuada, información previa y una planificación sostenida que permita anticiparse al delito. A eso se suma el miedo en determinados sectores: vecinos que ven o escuchan cosas, pero no se animan a hablar por temor a represalias, lo que deja a los investigadores sin datos clave”, agregó en una entrevista con LA GACETA.

Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez, también opinó sobre el tema. “Creo que hay dos elementos clave: primero, la corrupción policial y, después, la falta de una política clara del Poder Judicial para avanzar en este tipo de casos”, sostuvo. El profesional anunció que presentará una denuncia en la Justicia Federal para que se investigue la línea narco del caso, si es que el Ministerio Público no lo hace.

Posibles soluciones

Los penalistas consultados también plantearon posibles salidas al problema. “La respuesta no puede ser sólo punitiva ni reactiva. Se necesita una política criminal integral: prevención real, inteligencia criminal seria, fortalecimiento institucional, control del lavado de activos y una decisión política firme de atacar la estructura económica del narcotráfico. Mientras el negocio siga siendo rentable y protegido, la violencia va a continuar”, sostuvo Paz.

Lobo Aragón (h) coincidió con su colega y agregó: “Acá no operan grandes carteles con control territorial, y justamente por eso estamos a tiempo de evitar que el problema crezca. Es fundamental invertir en prevención, inteligencia y una presencia real del Estado en los barrios, antes de que el delito se consolide. El narcotráfico no se combate sólo reaccionando después del hecho, sino anticipándose”.

Garmendia sostuvo que la Justicia de Tucumán también debe profundizar la política que viene llevando adelante. “La ley de narcomenudeo está vigente desde hace más de tres años y, que sepamos, no existe una base de datos sobre quiénes venden, dónde actúan y quiénes son sus proveedores. Esos informes son fundamentales para avanzar contra este delito”, concluyó.